El Art. 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, dispone:

«Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales. El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial.

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado. La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos (…)».

El Art. 8 y 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales dicta:

“Se podrán tratar y comunicar datos personales cuando se cuente con la manifestación de la voluntad del titular para hacerlo. El consentimiento será válido, cuando la manifestación de la voluntad sea libre, específica, informada e inequívoca”

“Interés legítimo. – Cuando el tratamiento de datos personales tiene como fundamento el interés legítimo:

a) Únicamente podrán ser tratados los datos que sean estrictamente necesarios para la realización de la finalidad.

b) El responsable debe garantizar que el tratamiento sea transparente para el titular.

c) La Autoridad de Protección de Datos puede requerir al responsable un informe con (sic) de riesgo para la protección de datos en el cual se verificará si no hay amenazas concretas a las expectativas legítimas de los titulares y a sus derechos fundamentales”

Por su parte, la cláusula séptima de las Disposiciones Generales del Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece:

«(…) 2. Datos accesibles. – Es toda información que no tiene el carácter de confidencial conforme a la Ley.

Datos confidenciales. – Es toda información a la que solo los titulares pueden acceder tales como los datos personales especialmente protegidos que se refieren a: ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República e instrumentos internacionales.

Datos públicos. – Exclusivamente en el ámbito de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, se entenderá como datos públicos, a todo acto y/ o información relativa a las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio, sean estos accesibles o confidenciales, generadas del sector público o privado (…)».

• Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;
• Que sea realizado por el responsable del tratamiento en cumplimiento de una obligación legal;
• Para la ejecución de medidas precontractuales a petición del titular o para el cumplimiento de obligaciones contractuales perseguidas por el responsable del tratamiento de datos personales, encargado del tratamiento de datos personales o por un tercero legalmente habilitado;
• Datos de naturaleza pública;
• Casos de urgencia médica o sanitaria;para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona natural, como su vida, salud o integridad
• Tratamiento de información autorizado por la Ley para fines históricos, estadísticos o científicos.